Por cierto que ya se sabía. Pero tras los magros resultados de la reciente Cumbre de Copenhague, tres rasgos del nuevo escenario global han quedado más en evidencia. El primero, se refiere a que algunas cuestiones relevantes que inciden en las relaciones internacionales, y que incluso afectan el futuro de la humanidad, sólo pueden ser abordadas a escala global. Un ejemplo es precisamente la del cambio climático. Tiene múltiples efectos a veces difíciles de precisar en cuanto a su profundidad y dimensión temporal, además de complejas connotaciones relacionadas con los costos y con la responsabilidad sobre cursos de acción que se acuerden como necesarios.

Otra cuestión relevante, tan seria como la anterior, es la del abordaje de diversos desdoblamientos que plantea hoy la agenda de seguridad y paz en el mundo. Ningún país por sí sólo parecería estar en condiciones de asegurar la eficacia de las acciones que pueden requerirse en este plano.

El segundo rasgo se relaciona con la dificultad de precisar, en la práctica, cuántos países son necesarios para lograr una masa crítica de poder suficiente a fin de que las decisiones que se adopten para fortalecer la gobernabilidad global tengan carácter vinculante, eficacia y legitimidad social.

Este rasgo ha aflorado con el G20 -y en buena medida, también en las caóticas horas finales de la Cumbre de Copenhague-. No sólo es un problema de saber cuántos y cuáles países deben participar en este Grupo. El debate al respecto continúa y quizás no se cierre en mucho tiempo. Se trata, además, de saber cómo superar los efectos de la heterogeneidad de poder entre los países participantes. Algunos al opinar y actuar reflejan su propia dotación de poder relativo, tal los casos de EE.UU. y de China. Otros reflejan la resultante de distintas modalidades de agregación de poder entre naciones. Más allá de diferencias de intereses y visiones que existen, es el caso de los países participantes que pertenecen a la Unión Europea, la que también se expresa a través de sus propios representantes. Y otros países, si bien son relevantes en términos de poder relativo, a veces más potencial que actual, no pueden necesariamente sostener que reflejan la opinión que prevalece en su respectiva región geográfica. Tales son los casos de Argentina y Brasil, pero también los de India, Indonesia y Sudáfrica.

Y el tercer rasgo se manifiesta en el hecho de que las actuales instituciones internacionales globales presentan insuficiencias que las tornan poco efectivas a la hora de construir, entre sus numerosos países miembros, los consensos que son necesarios. Reflejan en sus procesos de decisión una arquitectura internacional ya superada o que lo está siendo rápidamente. A este respecto, tres preguntas son centrales: ¿cómo lograr entre 193 países (caso de la ONU) o entre 154 países (caso de la OMC) los necesarios equilibrios de intereses que permitan adoptar decisiones que penetren en la realidad?; ¿tendrían tales decisiones las necesarias cualidades de efectividad, eficacia y legitimidad social, si sólo fueran adoptadas por un número más limitado de países relevantes?, y, en tal caso, ¿cuáles deberían ser esos países, a fin de no producir el rechazo explícito o implícito de aquellos que no hubieren participado en la adopción de las respectivas decisiones? Contestar tales preguntas en los hechos no será tarea fácil ni rápida.

Los rasgos mencionados son sólo algunos de los que ponen en evidencia los alcances de una crisis sistémica mundial. Recrea la clásica tensión histórica entre orden y anarquía en las relaciones internacionales. Puede tener un efecto dominó en distintos espacios regionales y, eventualmente, a escala global. Se manifiesta en la dificultad de encontrar, en el ámbito de instituciones provenientes, de un orden que colapsa, respuestas eficaces a problemas colectivos que se confrontan a escala global.

Un peligro es que ello se refleje -como ha ocurrido en el pasado- en el surgimiento de problemas sistémicos en el interior de países que han sido y son aún, protagonistas relevantes en el escenario internacional. Puede ocurrir en la medida que en distintos países, incluso los más desarrollados, los ciudadanos no sólo pierdan su confianza en los mercados, sino también en la capacidad de encontrar respuestas en el marco de los respectivos sistemas democráticos. Si así fuere, los pronósticos sombríos de algunos analistas podrían ser pálidos en relación a lo que habría que confrontar en el futuro.