|
Tras la reciente Cumbre de Montevideo, el Mercosur entra en una nueva
etapa. Lo ha hecho como corresponde, al optarse con buen criterio, por
construir sobre lo existente, dejando de lado la recurrente tentación
refundacional.
La simple lectura de lo acordado (ver textos en www.mercosur.org.uy),
permiten identificar tres razones que justifican la idea de una nueva
etapa.
La primera es que se han dado significativos pasos para consolidar la
unión aduanera (Decisión CMC 37/05, que reglamenta, entre
otros aspectos, la eliminación del doble cobro del arancel externo
común), sin perjuicio de mantener su flexibilidad (Decisiones CMC
33/05, regímenes especiales de importación; 39/05, bienes
de informática y telecomunicaciones, y 40/05, bienes de capital),
y para centrar la construcción del espacio económico común,
en instrumentos de transformación productiva conjunta y de tratamiento
de asimetrías estructurales (Decisión CMC 24/05, que reglamenta
el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur). Son pasos en
la buena dirección. Se requiere completar su efectiva vigencia
y continuar con otros pasos pendientes, como es el tratamiento de sectores
que enfrentan dificultades transitorias o estructurales de ajuste al pleno
funcionamiento de la unión aduanera.
La segunda razón es que se inició el camino de un necesario
perfeccionamiento institucional del proceso de integración. Al
respecto, cabe destacar la firma del Protocolo que crea el Parlamento
del Mercosur -como su preámbulo destaca, implica reafirmar la voluntad
política de fortalecer y profundizar el proyecto estratégico-;
la aprobación de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Permanente
de Revisión (Decisión CMC 30/05), órgano principal
del Protocolo de Olivos sobre solución de controversias, y la creación
de un grupo de alto nivel para elaborar una propuesta integral de reforma
institucional del Mercosur (Decisión CMC 21/05).
Y la tercera razón es que se ha abordado la compleja tarea -prevista
en el momento fundacional- de incorporar nuevos países miembros.
Las complejidades son nítidas tanto en el plano político,
como en el económico-comercial y en el técnico. Cada caso
concreto requerirá a la vez tiempo y prudencia, ya que son muchos
los intereses en juego a preservar. Al respecto se aprobó la reglamentación
del artículo 20 del Tratado de Asunción -que es el que prevé
la adhesión de nuevos miembros (Decisión CMC 28/05)-, estableciendo
pasos a desarrollar y requerimientos a cumplir para concretar la respectiva
adhesión, proceso que debe culminar con la firma de un Protocolo
a ser aprobado, luego, por los respectivos Congresos. Se inició,
además, el camino para incorporar a Venezuela, país que
tendrá un status transitorio especial que le permitirá participar
de los órganos con voz pero sin voto (Decisión CMC 29/05
y firma de un acuerdo marco).
Como es natural, la nueva etapa estará caracterizada por progresos
graduales y por dificultades significativas. Requerirá de una creciente
eficiencia de los órganos existentes, incluyendo la Secretaría
Técnica y la Presidencia del Comité de Representantes Permanentes,
ambos con nuevos titulares. Pero sobre todo, demandará un afinamiento
del liderazgo compartido de la Argentina y del Brasil -que han renovado
en su reciente Cumbre bilateral el compromiso de impulsar juntos el proceso
de integración-. En lo inmediato, cabe a la Argentina una responsabilidad
principal, por el hecho que ejercerá en el primer semestre de 2006
la Presidencia Pro-Tempore del Mercosur.
Al desarrollo de los pasos comprometidos en Montevideo, se suman otros
dos fuertes desafíos inmediatos del Mercosur.
El primero es adaptarse a las nuevas realidades políticas de la
región, reflejadas entre otros hechos significativos, en la victoria
de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia.
El segundo es cumplir con la promesa, expresada por varios de los presidentes
en sus discursos en la pasada Cumbre, de lo que en la feliz expresión
del presidente Tabaré Vázquez será "llenar al
Mercosur de ciudadanía", idea reflejada en su iniciativa de
"Somos Mercosur". Al respecto, cabe señalar como hecho
negativo el que no sólo no se hubiera aprobado el proyecto de "Decisión
sobre Participación Ciudadana en el Mercosur", sino que su
texto fue calificado como "Reservado", a pesar que el Uruguay
solicitó expresamente que fuera público. ¿Habrá
sido el Brasil quien lo impidió, a pesar de que el propio presidente
Lula hizo del vínculo con la ciudadanía un tema central
de su discurso?
Es ésta una cuestión que merece aclararse. En la nueva
y compleja realidad política sudamericana, el Mercosur ganaría
mucho como eficaz instrumento de trabajo de sus socios, si supera la tendencia
un poco medieval a resistir pautas de transparencia y de información
congruentes con valores y estilos que proclaman, con acierto, los gobiernos
de la región y que reclaman, con razón, los ciudadanos.
|
