| En la gestión de su comercio exterior la Argentina está 
        invertebrada. Fragmentación, discontinuidad y precariedad son rasgos 
        dominantes tanto en el gobierno como en las instituciones empresariales. 
       En materia de negociaciones comerciales y de construcción del 
        Mercosur, así como en la de la promoción del comercio y 
        de las inversiones, ésta es una clara ventaja que innecesariamente 
        el país otorga a otros países mejor organizados o con una 
        tradición de centralización del ejercicio de su poder negociador. 
       Nadie tiene suficiente masa crítica a su disposición como 
        para ser realmente efectivo en su acción. Los mecanismos de coordinación, 
        cuando existen, no siempre funcionan en la realidad. Por el contrario, 
        la dispersión de esfuerzos, la excesiva diseminación de 
        los recursos disponibles, su precariedad (por ejemplo, el número 
        significativo de personal contratado en áreas clave, como la defensa 
        comercial, con contratos renovables pero de corto plazo), la baja coordinación 
        y la insuficiencia organizativa son factores que afectan la eficacia del 
        planeamiento estratégico, incidiendo además en la calidad 
        de la definición y gestión de políticas públicas. 
       Sin perjuicio de transformaciones más de fondo, que requerirían 
        tiempo y recursos, sería posible obtener en plazos cortos un mejor 
        rendimiento de los limitados recursos disponibles con mayor concentración, 
        coordinación y sistematización.  Coordinación necesaria  En el plano gubernamental nacional existen tres niveles de acción 
        que requieren ser, a la vez, claramente distinguidos y fuertemente coordinados: 
        El de la formulación y gestión de políticas e 
          instrumentos del comercio exterior, así como el de los requerimientos 
          en materia de negociaciones comerciales, incluyendo el Mercosur. El 
          foco institucional debe estar concentrado en lo que es hoy el ministerio 
          de Economía, por medio del área de Comercio Exterior, 
          con responsabilidad efectiva -no teórica- en la coordinación 
          de los requerimientos que en la materia surjan de las actuales áreas 
          de Industria, Minería, Agricultura (que suele contar en la práctica 
          con autonomía en comercio exterior y en su promoción), 
          Pyme y Comercio Interior.
 Debe ser además el punto focal de la coordinación con 
          las provincias y la ciudad de Buenos Aires, por medio del actual Consejo 
          Federal de Comercio Exterior, y con el sector privado, mediante el actual 
          Consejo Asesor de Comercio Exterior (o, en ambos casos, de mecanismos 
          similares). Debe tener además participación efectiva en 
          los mecanismos de financiamiento de exportaciones, lo que no necesariamente 
          ocurre en la actualidad.
 
 
El de las negociaciones comerciales internacionales, incluyendo el 
          Mercosur. El foco institucional debe ser la Cancillería a través 
          de lo que es hoy el área de relaciones económicas internacionales. 
          Conviene concentrar el seguimiento efectivo de las negociaciones del 
          Mercosur (y de las que se realizan como Mercosur en la OMC, en la Aladi, 
          en el ALCA y con la UE) en un funcionario permanente de alto nivel dedicado 
          tiempo completo al tema, junto con las representaciones permanentes 
          en Ginebra, Bruselas y Montevideo. 
 Es muy importante institucionalizar la sección nacional del Grupo 
          Mercado Común, a fin de que efectivamente funcione como el ámbito 
          colegiado de coordinación con las áreas de política 
          económica y de comercio exterior, y con el Banco Central. Se 
          precisa, a tal fin, reglamentar sus competencias y funcionamiento.
 
 Ello es más importante aún, si se tienen en cuenta sus 
          crecientes responsabilidades con relación a los mecanismos de 
          solución de controversias y al acceso a ellos del sector privado.
 
 
El de la promoción comercial, incluyendo inversiones desde 
          y hacia el exterior, e internacionalización de las Pyme. El foco 
          debería ser un organismo descentralizado, que concentre todos 
          los recursos que se usan en la materia en distintos ámbitos gubernamentales, 
          como la Fundación Export Ar, Invertir o el Promex. 
 El punto de partida podría ser la actual Fundación Export 
          Ar, asegurando su estrecha y efectiva vinculación con la Cancillería 
          y Economía. De ese organismo descentralizado, debe continuar 
          dependiendo operativamente la red de oficinas y consejerías comerciales. 
          Sus funciones ejecutivas deben estar a cargo de un funcionario que reporte 
          tanto a la Cancillería como al área de Comercio Exterior 
          del Ministerio de Economía. El Banco Nación y el actual 
          BICE tienen que ser parte del directorio de esta especie de agencia 
          de promoción comercial y de inversiones.
 Para ganar eficiencia  Sobre la base de la experiencia de los últimos años, lo 
        que aquí se propone es una mayor sistematización de lo ya 
        existente. Ello permitiría ganar en eficiencia en la gestión 
        de los complejos requerimientos que el país tendrá en los 
        próximos años, para proyectar al exterior su capacidad para 
        producir bienes y prestar servicios. Similar sistematización de 
        esfuerzos tendría que operarse en el sector empresarial organizado. 
        Un primer paso podría ser la constitución de un grupo de 
        coordinación para políticas y negociaciones internacionales. 
       Su tarea inicial podría ser un diagnóstico de los requerimientos 
        que el país tiene en el campo del comercio exterior y de las negociaciones 
        comerciales internacionales. A partir de las realidades actuales, la agenda 
        externa (Mercosur, Aladi, ALCA, Unión Europea, etc.) de los próximos 
        cinco años permitiría trazar una hoja de ruta que guíe 
        el necesario esfuerzo conjunto gobierno-empresas, que permitirá 
        obtener una mayor competitividad y negociar en escala global y regional. |