El análisis de la relación entre democracia y Mercosur puede situarse como mínimo en dos planos. El primero es el de los medios formalmente previstos para encarar una situación de eventual ruptura de la institucionalidad democrática. El segundo es el del efecto externo que tal situación produciría sobre la "marca Mercosur".

La democracia ha sido siempre un supuesto político para la construcción del Mercosur y, en particular, para la incorporación del Paraguay, tras el derrocamiento de Stroessner. En Las Leñas (1992), la Declaración Presidencial se acerca lo más posible a una especie de ""cláusula democrática"". Pero, ningún texto jurídico fundamental del Mercosur -incluyendo al Tratado de Asunción de 1991 ni el Protocolo de Ouro Preto de 1994- hace referencia a los principios e instituciones democráticas, ni prevé medidas en caso de ruptura institucional en un socio. El supuesto político, por lo tanto, no ha tenido hasta el presente una expresión jurídica o institucional. Por otra parte, el Mercosur es una realidad política y económica que diferencia una imagen externa -una marca que ""vale oro"", como señalara recientemente el presidente brasileño Cardoso- sustentada en la correlación a escala regional e democracia-transformación productiva-equidad social-competitividad. Segundo, en el principal compromiso internacional celebrado hasta el presente -el acuerdo marco con la Unión Europea- se ha reconocido explícitamente que ""el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales (...) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo"" (Art. 1§).

La próxima Cumbre del Mercosur, en el mes de junio de Buenos Aires, es una excelente oportunidad para acortar la brecha actualmente existente entre su supuesto político esencial y la instrumentación formal del rechazo efectivo a cualquier hipótesis de ruptura de la institucionalidad.