|  Hace veinte años se negociaba el tratado de Montevideo, Santiago 
        de Chile, Lima y Montevideo fueron en 1959 escenario de las reuniones 
        técnicas y negociadoras de concluirían en febrero de 1960, 
        con la firma del tratado que instituyo la Asociación Latinoamericana 
        de Libre Comercio. La negociación y la firma del citado tratado fueron parte de un 
        proceso más amplio de creación institucional en el ámbito 
        interamericano, y de iniciativas y compromisos económicos y políticos, 
        en los cuales destacaron por su liderazgo la Argentina y el Brasil. Se 
        estaban configurando los elementos institucionales de un sistema de interacción 
        económica y política mas intensa entre lo países 
        de la región. El BID, en el plano interamericano, y la ALALC, en 
        el latinoamericano, fueron las expresiones principales de dicho proceso. Veinte años después, la ALALC esta en crisis. Algunos, 
        exagerando, forman que de hecho ha dejado de existir, o al menos de constituir 
        un elemento significativo de las relaciones económicas de la región. Quizá pierden de vista que un porcentaje elevado del comercio 
        intrazonal se beneficia todavía de los márgenes de preferencia 
        negociados de aquellas restricciones que periódicamente afectan 
        a las importaciones de algunos de los países miembros (por Ej., 
        la no aplicación de la exigencia de depósitos previos para 
        las importaciones originarias en la zona). O también se subestima 
        la importancia que desde un punto de vista jurídico y aun político, 
        tiene el Tratado de Montevideo para justificar preferencias zonales o 
        subregionales ente el GATT. Los países miembros han reconocido la existencia de una crisis 
        de la asociación y se han pronunciado por el objetivo de su "revitalización". 
        Mas difícil ha sido coincidir en el como y en el para que del replanteo. 
        En la última Conferencia de las Partes Contratantes, celebrada 
        en Montevideo en noviembre pasado, hubo un acuerdo "metodológico". 
        Consiste en fijar una mecánica que puede conducir a la reestructuración 
        de la ALALC. El Comité Ejecutivo Permanente deberá encarar 
        el análisis de una serie de temas, que enumera la resolución 
        370 (XVIII) y luego deberá establecer el programa de tareas y negociaciones 
        por cumplirse, "el cual incluirá la convocatoria de una Conferencia 
        Extraordinaria de alto nivel Gubernamental, que consolidara los acuerdos 
        indispensables para alcanzar la reestructuración de la ALALC. Todo 
        este proceso debe culminar "a la luz de los resultados obtenidos", 
        con la convocatoria del Consejo de Ministros para que se reúna 
        "a mas tardar el 31 de julio de 1980".  Un factor jurídico contribuyo a acelerar esta decisión: 
        el 31 de diciembre de 1980 vence el periodo de transición para 
        "el perfeccionamiento de la zona de libre comercio" que estableciera 
        originariamente el Tratado de Montevideo y prorrogara luego el Protocolo 
        de Caracas formado en 1969. Las consecuencias jurídicas de este 
        hecho no son claras, pero en principio puede suponerse que de no adoptarse 
        una decisión de prorroga del citado plazo antes de su vencimiento 
        las relaciones comerciales preferenciales originadas en el Tratado de 
        Montevideo entrarían en un "cono de sobra" jurídico, 
        mas notorio aun en lo que respecta a la posibilidad de otorgar nuevas 
        preferencias. En 1959 la argentina tuvo una posición de liderazgo en al gestación 
        de la Asociación. Se buscaba claramente un marco preferencial para 
        el comercio regional que sustituyera el agotado marco de los acuerdos 
        de compensación y trueque y que se adaptara a los compromisos que 
        en el plano internacional global habían adoptado o estaban por 
        adoptar los países de la región que mas comerciaban entre 
        si. La idea de un Mercado Común Regional, impulsaba por la CEPAL, 
        contaba en el país con fuertes simpatías, y ello se reflejo 
        en editoriales de los principales diarios y en pronunciamientos gubernamentales 
        y empresariales. Pero predominaba en el fondo una actitud realista que 
        mejor que nadie, quizás, la había expresado ya, en 1958, 
        Arturo Frondizi cuando como presidente electo visito algunos países 
        latinoamericanos. En su discurso en la Universidad de Chile decía: 
        "El logro de todos estos objetivos (se refería a los del desarrollo) 
        pareciera presuponer la constitución de un mercado común 
        latinoamericano, tema que ocupa en estos momentos la atención de 
        muchos economistas y hombres de gobierno. Compartimos esa finalidad, que 
        juzgamos de largo alcance, pero consideramos que ella no debe hacernos 
        perder de vista la posibilidad y eficacia de acuerdos bilaterales y regionales, 
        que pueden resolver muchos problemas particulares e inmediatos y pueden 
        contribuir, así mismo, a crear un ambiente favorable para la realización 
        de aquella ambiciosa iniciativa. Juzgamos que este tipo de acuerdos es 
        preferible a la concertación el as llamadas" uniones aduaneras", 
        cuya aplicación resulta, en el estado actual de nuestros respectivos 
        desarrollos económicos, poco menos que irrealizables". Palabras 
        casi proféticas si se considera al conjunto de la región 
        en el momento actual. Se sabe que la formula de "zona libre comercio" que finalmente 
        adoptara el Tratado de Montevideo fue una respuesta a las exigencias del 
        marco jurídico del GATT, esquema internacional en el cual participaba 
        el Brasil y a que aspiraba a ingresar la argentina. Y se sabe que a través 
        de ella se injerto al marco regional de comercio preferencial un elemento 
        de rigidez que conspiro luego contra el logro de los objetivos buscados. Desde 1959 mucho ha cambiado en nuestro país, en América 
        Latina y en le mundo, como para pretender que las relaciones comerciales 
        regionales continúen siendo encausadas en un régimen legal 
        que desde su inicio tuvo defectos. No significa ello caer en el juicio 
        superficial de que la ALALC no produjo resultados positivos. Desde el 
        punto de vista argentino bastaría con examinar las cifras del comercio 
        zonal y los resultados de dicho comercio para el país. En 1960 
        la zona absorbía el 15,8 % de nuestras exportaciones totales, en 
        tanto que en 1977 ese porcentaje se elevaba al 23, 6%. Entre 1961 y 1977 
        nuestro comercio zonal arrojo un superávit acumulado de 1300 millones 
        de dólares. Otros países también se han beneficiado. 
        Desde el punto de vista de la estructuración de un sistema de interdependencia 
        regional, la ALALC ha aportado beneficios directos de generación 
        de comercio, e indirectos de generación de interacciones económicas, 
        incluyendo entre estos la promoción de vinculaciones empresariales. 
        En otros casos, la ALALC no ha sido un obstáculo para que se hiciera 
        dentro de su marco lo que grupos o pares de países deseaban hacer 
        en materia e integración económica en forma más acelerada 
        que otros: es el caso, por ejemplo, del Grupo Andino. O para que fuera 
        de su ámbito se encararan acciones multilaterales y bilaterales 
        de cooperación económica, e incluso se concretaran la creación 
        del SELA.  La ALALC en su forma actual es anticuada, pero sigue siendo necesario 
        un marco institucional que permite estimular corrientes preferenciales 
        de comercio entre los países de la región, intensificar 
        las interacciones económicas y abrir camino para formas mas avanzadas 
        de integración, entre quienes así lo deseen. Parecería 
        ser este el consenso mínimo entre los países miembros. De 
        allí en más se abre un amplio campo para el debate y la 
        negociación, que pueden concluir en distintos grados de "Reestructuración" 
        de la ALALC, una formulación de un esquema diferente que refleje 
        las exigencias de la época y de los próximos años. 
        O, una vez mas, terminar en nada concreto como ya aconteció en 
        1974. Como en 1959, creemos que en 1979 la Argentina debería asumir 
        un papel de protagonista activo del debate regional sobre la ALALC. Las 
        dificultades crecientes que se manifiestan en el plano de comercio internacional 
        y la importancia actual y potencial del área latinoamericana para 
        la economía del país parecen ser factores que alimenten 
        un interés positivo de la Argentina por un esquema institucional 
        apto para dinamizar el comercio regional. Es prematuro avanzar aquí 
        ideas en cuanto a las formulas posibles. Solo cabe decir que si son imaginables 
        aquellas que permitan compatibilizar los requerimientos de desarrollo 
        nacional, de inserción en los mercados mundiales y de vinculación 
        preferencial con la región. Quizás sea recomendable que el país elabore su propia agenda 
        para el "debate ALALC". Ella debe contemplar, sin duda, la agenda 
        que los asociados se han propuesto al establecer los temas de trabajo 
        del Comité Ejecutivo Permanente (resolución 370). Pero debe 
        incluir aquellos otros que los propios interesados en operar en el ámbito 
        económico latinoamericano pueden fijar. Venezuela antes de entrar 
        al Grupo Andino promovió un gran debate nacional, del cual participaron 
        políticos, técnicos y empresarios, sobre las ventajas y 
        desventajas de una decisión que se percibía como vital para 
        el país. El debate concluyo en la realización de un Foro 
        de Integración, que respaldo a la posición favorable del 
        Gobierno a la adhesión al Acuerdo de Cartagena. Un debate semejante, 
        cualesquiera que sean sus modalidades, parece recomendable para el país. Se cuentan con los elementos necesarios: el país tiene una vasta 
        experiencia en el ALALC y son numerosos los empresarios que negocian o 
        han negociado en los países de la región. El gobierno ya 
        ha dado su opinión sobre la necesidad de encarar la reforma de 
        la ALALC y de insertar dicha reforma en un marco mas amplio de la organización 
        de un sistema de comercio preferencial regional. El 29 de junio de 1977 
        al visitar la sede de la ALALC fijo posición argentina al presidente 
        de la Nación, y el 29 de marzo de 1978, ocasión de su visita 
        a la sede del Grupo Andino en Lima, nuestro canciller decía: "
la 
        creación de un área de preferencias económicas parece 
        ser el autentico camino realista que permitiría a los países 
        latinoamericanos construir un instrumento apto de integración ajustado 
        a su actual etapa de desenvolvimiento histórico. Pero si por cualquier 
        razón se decide mantener la actual filosofía de integración 
        que preside la ALALC, cabe tan bien al posibilidad de imaginar y concretar 
        algunos enriquecimientos básicos al enorme acerbo jurídico 
        de la institución, para lo cual esta mi gobierno preparado para 
        presentar propuestas que estimamos equitativas para todas las partes y 
        realistas en sus fundamentos". Por otra parte, nuestro representante 
        ante la ALALC, el embajador Carlos García Martínez, ha avanzado 
        una propuesta fundada y sistemática que en si misma brinda los 
        elementos para un debate serio y profundo sobre como organizar el comercio 
        y las relaciones de integración en América Latina. En apretada 
        síntesis, podemos recordar que la propuesta se basa en al firma 
        de un nuevo tratado de integración económica, cuyo objetivo 
        central seria "la constitución, negociada y flexible, de un 
        área latinoamericana de preferencias económicas, sin plazos 
        determinados, sin metas cuantitativas y sin compromisos irrevocables fijados 
        obligatoriamente a priori". El tratado sancionaría "el 
        principio fundamental de que los objetivos principales de la integración 
        pasan por las subregiones de integración". Los polos de integración, 
        para cuya formación regiría el principio de la libertad 
        de creación institucional, se interconectarían entre si 
        de acuerdo con los mecanismos previstos en el tratado a tal efecto, y 
        también se preverían mecanismos de interconexión 
        entre "polos" y Estados individuales y entre estados entre si. 
        La propuesta comentada contiene, por cierto, otros elementos técnicos 
        que permiten configurar un cuadro de suma flexibilidad (*) Al igual que hace veinte años, el "debate ALALC" no 
        podría estar disociado de un planteo de fondo sobre nuestra política 
        exterior en la región, entendida esta como pieza clave de la política 
        exterior global del país. La Argentina nos e puede dar el lujo 
        de carecer de iniciativas y de presencia activa en la región. El 
        tema del futuro de la ALALC no agota, por cierto, el de la presencia regional 
        del país ni el campo para sus iniciativas. Sin duda, que estas deben darse en muchos otros planos y en todas las 
        ocasiones. Pero tampoco caben dudas de que en la discusión sobre 
        el futuro de la ALALC la Argentina ha de encontrar uno de los campos y 
        de las ocasiones más inmediatos y propicios. Como en 1959, el "debate ALALC" es importante por si mismo. 
        Pero mucho más aun por brindar una oportunidad una oportunidad 
        para definir nuestro estilo de acción regional y para contribuir 
        a modelar un marco de cooperación latinoamericana en el cual el 
        país y sus socios puedan canalizar sus aspiraciones de desarrollo 
        y de participación internacional. |